Por: Redacción Judicial - Tomado de El Espectador - Colombia
Ecos de una captura en Cartagena
Estragos y tentación del narcotráfico
La captura del coronel de la Policía Néstor Maestre Ponce reedita la lamentable historia de otros oficiales de las Fuerzas Armadas que prefirieron el delito a cumplir con su deber.
A pesar del acuerdo de los abogados, los detenidos y las autoridades para impedir que los periodistas presenciaran la audiencia de imputación de cargos que se realizó esta semana en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena, la captura del coronel de la Policía Néstor Maestre Ponce y ocho personas más tiene ribetes de escándalo. No sólo porque se trata de un condecorado oficial de la élite de la institución, sino porque pone al descubierto los nuevos tentáculos y rostros del narcotráfico para consolidar su millonario negocio.
La historia comenzó en abril de 2014 en el puerto de Cartagena, cuando la Policía Antinarcóticos incautó casi siete toneladas de cocaína oculta en frascos de piña fresca empapada de almíbar que iba a ser transportada en un barco frutero hasta Holanda y Alemania. La DEA y la Policía de Colombia estaban alertadas del embarque y, desde que cayó en la Ciudad Heroica, se intensificó la investigación para esclarecer su origen y desmantelar la organización dedicada a enviar toneladas de cocaína líquida a los puertos de Europa.
Lo primero que se estableció fue que la droga era de Enrique Jaramillo, alias Kike, un narcotraficante de vieja data, heredero de los clanes mafiosos del norte del Valle y nuevo objetivo de las autoridades de ambas naciones. Por delación de otros capos que hoy están presos en Estados Unidos, se tiene claro que fue hombre de confianza de Víctor Patiño Fómeque, Wílber Varela, alias Jabón, y Luis Enrique Calle, alias Comba. Además, que pese a sus relaciones con el clan Úsuga o los Urabeños, ahora pretende ser el amo absoluto de la droga.
De hecho, se le atribuye la autoría intelectual de la masacre de ocho personas perpetrada el pasado 3 octubre en la finca Villa Pance, al sur de Cali, por el control del negocio de la llamada cocaína rosada. Una fuente explicó a El Espectador que Kike Jaramillo ya tiene una red de sicarios para defenderse de sus enemigos o silenciar a quienes busquen negociar con la DEA. Otros de sus colaboradores se encargan de comprar la droga, en su mayoría procedente de la región del Catatumbo, Caquetá, los Llanos o el Valle del Cauca.
En el malogrado embarque de las siete toneladas de cocaína se detectó que primero estuvo oculta en una bodega en el sur de Bogotá y después fue movilizada por tierra hasta Cartagena. En dicha ciudad, la empresa comercializa dora C.I.CRL Global, supuestamente especializada en el transporte de mercancía, iba a encargarse de su envío hasta Europa. La clave de la última fase de la ruta en Colombia era evitar su detección en los controles de seguridad. En este tránsito fue donde se descubrió la participación del coronel Néstor Maestre.
A la derecha, el coronel Néstor Maestre durante la audiencia de imputación de cargos en su contra. / Archivo particular
Aunque el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, confía en que sólo se haya tratado de una conducta omisiva en el momento de registrar los contenedores con la droga, según fuentes consultadas por este diario, el oficial Néstor Maestre se involucró en el ilícito. La Fiscalía sostiene que se aprovechó de su entonces condición de comandante de la Regional 8 de la Policía, con sede en Santa Marta, para ayudar a mover la droga, y que incluso entregó un dispositivo móvil para comunicarse a un subordinado que resultó ser un agente encubierto.
El coronel Maestre no imaginó que alguien pudiera desconfiar de un oficial de su trayectoria, que desde hace más de diez años pertenecía a los grupos élite contra el narcotráfico. Su presencia, junto a los entonces generales Óscar Naranjo y César Pinzón, en operativos como la captura de Miguel Ángel Mejía en 2008 o Daniel Rendón Herrera en 2009, era prenda de confianza. Aunque fue investigado en 2002, cuando era capitán, por la incautación irregular de dos toneladas de coca en Barranquilla, fue absuelto y su carrera ya era meteórica.
Sin embargo, los investigadores detectaron un sospechoso enlace: Sandra Patricia Jiménez. Viuda de un policía que fue asesinado, esta mujer se movía entre Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Bogotá con mucha frecuencia, y entraba sin dificultad a los comandos operativos y bases antinarcóticos. Cuando el coronel Maestre llegó a Santa Marta, se puso en contacto con ella y alertó aún más a las autoridades. Al parecer, Sandra Patricia ya tenía reclutados a varios oficiales y suboficiales que le colaboraban o le daban información confiable.
“Si la infiltración fue grande, estamos hablando no de un escándalo, sino de una calamidad”, comentó la fuente consultada. Lo cierto es que mientras ella fue enviada detenida a su domicilio por ser madre cabeza de hogar, dos patrulleros, dos suboficiales de antinarcóticos, el conductor que movilizó la coca y el supuesto gerente de C.I.CRL Global están presos. El coronel Maestre fue enviado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá, pero a solicitud de la dirección de esta institución será remitido a La Picota.
De concluir en condena, la historia del coronel Néstor Maestre Ponce reedita una larga secuencia de altos oficiales de la Policía que mancharon su nombre y el de la institución por dejarse tentar por el delito. Una cronología tan extensa como la misma lucha frontal de sus hombres contra el narcotráfico y su mano corruptora. Hace 27 años, el entonces coronel Víctor Hugo Ferreira, en calidad de inspector de la Policía, puso al descubierto situaciones anómalas y lo declararon loco. La vida y la justicia le dieron la razón, pero sus denuncias se olvidaron.
En enero de 1989, la revista Time de Estados Unidos informó que la salida del hasta entonces director de la institución, general José Guillermo Medina Sánchez, no había obedecido a un relevo natural, sino a sus vínculos con el narcotráfico. El oficial anunció acciones penales por presunta calumnia, pero fue investigado penal y disciplinariamente. Después de que el Ministerio Público lo destituyó y la Corte Suprema de Justicia lo condenó por enriquecimiento ilícito, el Ejecutivo se vio obligado a retirarlo. Medina Sánchez ya falleció.
Por esa misma época, algunos agentes o suboficiales de baja graduación cambiaron de bando y se fueron a trabajar con el narcotráfico. Mientras el cartel de Medellín pasó a la historia como asesino de policías o de heroicos oficiales de la talla y valor de los coroneles Jaime Ramírez o Valdemar Franklin, el cartel de Cali se caracterizó por corromper uniformados de las Fuerzas Armadas. El cartel del norte del Valle, inicialmente menos perseguido que los otros, fue más allá y algunos de sus capos fueron primero policías o suboficiales.
Orlando Henao o El Hombre del Overol; Efraín Hernández, alias Don Efra; Wílber Varela, alias Jabón, o Víctor Patiño Fómeque, alias El Químico, constituyen un mal recuerdo (ver recuadro anexo). Entre ellos se movió un oficial que los superó a todos en delincuencia. El coronel Danilo González, quien pasó 23 años en la Policía moviéndose estratégicamente entre las cruzadas obligatorias del Estado contra la mafia y sus socios del narcotráfico que le tuvieron cupo fijo en los mandos del sanguinario cartel del norte del Valle.
En diciembre de 2010, ante un fiscal de la Corte Federal de Brooklyn (Estados Unidos), el extraditado capo Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, resumió así su papel corruptor: “La actividad de Danilo González con el cartel del norte del Valle fue muy cercana. Era una persona que nos manejaba demasiadas cosas. De corrupción, de traslados, de poner policías amigos cerca de nosotros, de cuadrar con la Fiscalía, con el CTI (...) traficó drogas con nosotros, con Arcángel Henao, con Chupeta, con Don Diego, con Varela, con todos”.
Sin la misma resonancia, otro exoficial de la Policía se torció en el camino e hizo estragos. Fue el excapitán Jaime Hernán Pineda, alias Pedro Pineda o Pispi, quien después de luchar contra el narcotráfico se volvió jefe de seguridad de Luis Alfonso Ocampo Fómeque, primo de Víctor Patiño, y luego se volvió coordinador de sicarios de alias Jabón y por ende líder de la banda criminal los Rastrojos, que enfrentada a los Machos del capo Diego León Montoya, hicieron correr ríos de sangre en el Valle del Cauca. Pispi fue asesinado en 2005.
Después se recrudeció la oleada criminal del narcoparamilitarismo, y cuando llegó la hora de sus verdades, afloró una que puso en aprietos al Estado: la imputación de cargos en Estados Unidos al general (r) de la Policía Mauricio Santoyo Velasco. Hoy sigue preso en una cárcel norteamericana por sus vínculos con el narcotráfico y su apoyo a la tenebrosa oficina de cobro de Envigado. Cayó por las delaciones de los jefes paramilitares, pero también por las de otros oficiales corruptos que fueron a dar a prisiones gringas por la misma causa.
En sus delaciones en Estados Unidos, los comandantes de las autodefensas Salvatore Mancuso, Diego Murillo Bejarano, Juan Carlos Sierra y Carlos Mario Jiménez han aportado otros nombres de altos oficiales de la Policía y también del Ejército, que les colaboraron estrechamente. Se sabe que la justicia norteamericana sigue recaudando las pruebas que por lo general no se buscan en Colombia. La excepción es el general (r) Flavio Buitrago, hoy procesado por sus vínculos con el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias el Papero.
Se sabe de otros nombres, como por ejemplo de Luis Fernando Trujillo, alias Cejas, un siniestro exteniente de la Policía que fue asesinado el pasado mes de abril después de ser sacado de un apartamento del barrio Mazurén, en Bogotá. Su cuerpo, con señales de tortura, apareció con nueve disparos entre Suba y Cota. Las autoridades admitieron que Trujillo llegó a ser un hombre clave de la organización de Daniel el Loco Barrera, que alcanzó a extender el poder de su gatillo hasta Argentina y que se había vuelto uno de los reyes de la droga sintética.
Todos ellos se dejaron tentar por el delito. Destruyeron sus nombres, agraviaron a sus familias y empañaron el buen nombre de la Policía. Ahora se suma a esta historia el condecorado coronel Néstor Maestre Ponce, a quien la Fiscalía señala de los presuntos cargos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y cohecho. De confirmarse las imputaciones, será otro oficial que prefirió la codicia al deber. Una razón suficiente para que los policías honestos estén de acuerdo en que el que se corrompió, debe caer sobre él todo el peso de la ley.
El coronel Danilo González
El miércoles 25 de marzo de 2004, cuando regresaba a su oficina, situada en la calle 77 con carrera 12 en Bogotá, fue asesinado a tiros el coronel (r) de la Policía Danilo González. Tenía 50 años, 23 de ellos dedicados a la institución. Se había destacado como uno de los oficiales más incisivos en la lucha contra el cartel de Medellín y apenas años atrás había dejado a la institución, cuando era director del Gaula Antisecuestro. Sin embargo, este exoficial, nacido en Buga (Valle), al tiempo que cumplía labores de policía, oficiaba como enlace clave del cartel del norte del Valle. En otras palabras, siempre jugó en dos bandos. Traficó con todos e hizo vueltas corruptas. Cuando ya no tenía salida comenzó a buscar la forma de entregarse a la DEA y confesar sus delitos. En momentos en que todo parecía que iría a Estados Unidos, sus compinches en el narcotráfico se encargaron de silenciarlo.
La riqueza del general Medina
En julio de 1996, la Corte Suprema de Justicia condenó a cinco años de prisión al general (r) José Guillermo Medina Sánchez por el delito de enriquecimiento ilícito. El alto tribunal determinó que el patrimonio del oficial se incrementó injustificadamente entre 1986 y 1989, cuando fungió como director de la Policía. Entre los bienes que adquirió durante esa época se cuentan dos mansiones, un Mercedes Benz, dos fincas ganaderas y ocho caballos de paso fino que compró, presuntamente, con dineros ilícitos. Aunque la justicia no pudo comprobar los nexos del general con alguna organización criminal, sí dejó constancia de que “las acciones contra el narcotráfico aumentaron en número, constancia y resultados”, tras su salida del cargo, en 1989. Ya en 1990 la Procuraduría lo había destituido luego de comprobar que su patrimonio sobrepasaba en 300% su capacidad adquisitiva.
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