El
12 octubre de 2011, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el
particular en el proceso de única Instancia contra el Señor Andrés Felipe Arias
Leiva, ex Ministro de Agricultura (2006‐2009) y quien está investigado por
peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. La
magistrada María del Rosario González de Lemos, manifestó lo siguiente:
".... la Contraloría General de la República, cuya misión constitucional
se orienta a vigilar y controlar oportuna y efectivamente los recursos públicos
destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de
Derecho, por tal causa, tiene la posibilidad de ser reconocida como víctima, en
tanto, los derechos de esta no tienen un contenido exclusivamente patrimonial,
pues también se orientan a establecer la verdad sobre lo ocurrido y obtener la
reparación por los perjuicios ocasionados, en este caso por el Estado
colombiano y, si bien en el procedimiento previsto por la Ley 600 de 2000, la
intervención de la Contraloría General de la República, era prevalente y
desplazaba en esa condición a la Entidad de derecho público perjudicada con el
hecho punible, tal restricción, además de no existir en la Ley 906 de 2004, fue
declarada inexequible en la sentencia C‐228 de 3 de abril de 2002, entonces por
estas breves consideraciones, la sala ha determinado que se reconozca la
calidad de víctimas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la
Contraloría General de la República, representados en su orden por .....".
Así mismo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la Sala de
Decisión Penal, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, bajo el radicado
No. 2011‐00213‐02, aprobado en el Acta No. 146 del 15 de noviembre de 2011,
reconoció como víctima a la Contraloría General de la República en el caso del
carrusel de la contratación y en el cual se encuentran investigados los señores
Mauricio Antonio Galofre Amín, Miguel Eduardo Nule Villa, Manuel Francisco Nule
Velilla, Guido Alberto Nule Marino por peculado. por apropiación agravado en concurso homogéneo. Igualmente, el mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la Sala de Decisión Penal, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, bajo el radicado No. 2011‐00134‐02, aprobado en el Acta No. 150 del 22 de noviembre de 2011, reiteró el reconocimiento como víctima a la Contraloría General de la República en el caso citado anteriormente. En agosto de 2012, la Corte Suprema de Justicia reconoció una vez más la condición de víctima a la Contraloría General de la República en decisión en el proceso contra el General Suarez Tocarruncho por delito de peculado y apropiación a favor de terceros como consecuencia falsa desmovilización, durante el 2006, del frente de la Cacica la Gaitana de las Farc. Se hicieron desembolso del 3 Fondo del Programa Especial para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República los cuales ascendieron a la suma $ 1.139.467.485, utilizados en logística y beneficios económicos a los desmovilizados. Hay más .
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