Temas que generan
incertidumbre
Según Maya Villazón, mientras
se avanza en la implementación de los acuerdos para la terminación del
conflicto, persiste una enorme preocupación en torno a la corrupción que ronda
al país, la cual genera incertidumbre sobre las posibilidades de materializar
los propósitos pactados, que están mayoritariamente a cargo del Estado
colombiano.
“La percepción por los bajos
resultados de políticas también inquieta al país”, agregó. Y mencionó entonces
algunos resultados de un reciente estudio de la Controlaría sobre la ley de
Justicia y Paz, que en sus 10 años de aplicación ha tenido un alto costo,
cercano a los 11 billones de pesos.
Según este estudio, de 4981
miembros de organizaciones al margen de la ley, en su mayoría paramilitares, la
mitad habían salido del proceso y apenas 195 habían recibido condenas, es decir
el 8.2% de los aspirantes a los beneficios de esa legislación especial.
Adicionalmente, de 439.517
hectáreas de tierras con solicitud de restitución, apenas se han entregado 612
hectáreas y de las indemnizaciones ordenadas en justicia, el 90% han sido
sufragadas con recursos del estado y el 6% con los bienes de los postulados.
Maya Villazón se refirió
también al “estrés fiscal” que se está dando por cuenta de un escenario
macroeconómico desfavorable, que ha creado también grandes interrogantes sobre
el marco de gasto en el cual se arropará la financiación de lo acordado, pues
en la actualidad persiste un déficit de financiación de importantes políticas
orientadas principalmente a revertir las condiciones de pobreza y marginalidad
de la población.
“Sumado a lo anterior, hay
demasiado ruido en la coyuntura con posterioridad al Plebiscito del pasado 2 de
octubre, se han radicalizado los discursos, y los liderazgos no siempre están
fundados sobre lo esencial, sino que se centran en la desaprobación, los
insultos y la mentira hoy llamada post verdad, lo que implica perder la
objetividad y la perspectiva que debe prevalecer, que no es otra que la
construcción de una sociedad más justa, igualitaria y equitativa”, indicó con
preocupación.
El postconflicto requiere
instituciones modernas
Para el Contralor, el
postconflicto requiere instituciones modernas en todos los niveles, que rindan
cuentas a la ciudadanía y que sean eficaces a la hora de planear y ejecutar el
gasto público y que, en caso de irregularidades, actúen para lograr sanciones
disciplinarias, penales y fiscales.
“El elemento del control
fiscal en las nuevas relaciones con los territorios debe ser redefinido, tal
como lo ha venido planteando la Controlaría en distintos foros”, anotó.
Así mismo, consideró que la real estimación de los costos de
sostenibilidad del proceso de paz, sólo podrán darse una vez sean realizados
los ajustes normativos que se anuncian para la implementación de la Reforma
Rural Integral, cuyo texto según lo expuesto por el Gobierno Nacional, será
socializado a partir de esta semana en distintas regiones del país.
“De cara al control fiscal efectivo de los
recursos del post conflicto, el desafío y la contribución de la Contraloría
General de la República se encuentra en consolidar su lucha contra la
corrupción, así como el logro de la transparencia en la gestión y resultados de
los recursos públicos, tanto a nivel del gobierno nacional como en las
entidades territoriales”, subrayó Maya Villazón.
El Contralor mencionó las formas de
acompañamiento al proceso de los Acuerdos de La Habana que hará la Controlaría
General de la República y resaltó como, en el mismo Acto Legislativo 01 de
2016, este organismo de control ha recibido un importante mandato
que la obliga a rendir al Congreso, durante los próximos 20 años, o sea en los
próximos 5 periodos presidenciales, un informe sobre el desempeño del Gobierno Nacional y
los gobiernos territoriales en la ejecución de las políticas públicas que se
ejecuten en el marco del Acuerdo Final de paz suscrito con las FARC.
Finalmente, Maya Villazón hizo referencia a un
estudio de Fedesarrollo que calcula en 208 mil millones de pesos el costo
preliminar del acuerdo de paz de La Habana, revelando un alto impacto fiscal
para los puntos relacionados con la Reforma Rural Integral y la política de
víctimas. Hay más.
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