domingo, 30 de abril de 2017

+ No a grupos criminales en territorios abandonados por - Farc - bp -

Temas que generan incertidumbre
Según Maya Villazón, mientras se avanza en la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto, persiste una enorme preocupación en torno a la corrupción que ronda al país, la cual genera incertidumbre sobre las posibilidades de materializar los propósitos pactados, que están mayoritariamente a cargo del Estado colombiano.
“La percepción por los bajos resultados de políticas también inquieta al país”, agregó. Y mencionó entonces algunos resultados de un reciente estudio de la Controlaría sobre la ley de Justicia y Paz, que en sus 10 años de aplicación ha tenido un alto costo, cercano a los 11 billones de pesos.
Según este estudio, de 4981 miembros de organizaciones al margen de la ley, en su mayoría paramilitares, la mitad habían salido del proceso y apenas 195 habían recibido condenas, es decir el 8.2% de los aspirantes a los beneficios de esa legislación especial.
Adicionalmente, de 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución, apenas se han entregado 612 hectáreas y de las indemnizaciones ordenadas en justicia, el 90% han sido sufragadas con recursos del estado y el 6% con los bienes de los postulados. 
Maya Villazón se refirió también al “estrés fiscal” que se está dando por cuenta de un escenario macroeconómico desfavorable, que ha creado también grandes interrogantes sobre el marco de gasto en el cual se arropará la financiación de lo acordado, pues en la actualidad persiste un déficit de financiación de importantes políticas orientadas principalmente a revertir las condiciones de pobreza y marginalidad de la población.
“Sumado a lo anterior, hay demasiado ruido en la coyuntura con posterioridad al Plebiscito del pasado 2 de octubre, se han radicalizado los discursos, y los liderazgos no siempre están fundados sobre lo esencial, sino que se centran en la desaprobación, los insultos y la mentira hoy llamada post verdad, lo que implica perder la objetividad y la perspectiva que debe prevalecer, que no es otra que la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y equitativa”, indicó con preocupación.
El postconflicto requiere instituciones modernas
Para el Contralor, el postconflicto requiere instituciones modernas en todos los niveles, que rindan cuentas a la ciudadanía y que sean eficaces a la hora de planear y ejecutar el gasto público y que, en caso de irregularidades, actúen para lograr sanciones disciplinarias, penales y fiscales.
“El elemento del control fiscal en las nuevas relaciones con los territorios debe ser redefinido, tal como lo ha venido planteando la Controlaría en distintos foros”, anotó. 
Así mismo, consideró que la real estimación de los costos de sostenibilidad del proceso de paz, sólo podrán darse una vez sean realizados los ajustes normativos que se anuncian para la implementación de la Reforma Rural Integral, cuyo texto según lo expuesto por el Gobierno Nacional, será socializado a partir de esta semana en distintas regiones del país.
“De cara al control fiscal efectivo de los recursos del post conflicto, el desafío y la contribución de la Contraloría General de la República se encuentra en consolidar su lucha contra la corrupción, así como el logro de la transparencia en la gestión y resultados de los recursos públicos, tanto a nivel del gobierno nacional como en las entidades territoriales”, subrayó Maya Villazón.
El Contralor mencionó las formas de acompañamiento al proceso de los Acuerdos de La Habana que hará la Controlaría General de la República y resaltó como, en el mismo Acto Legislativo 01 de 2016, este organismo de control ha recibido un importante mandato que la obliga a rendir al Congreso, durante los próximos 20 años, o sea en los próximos 5 periodos presidenciales, un informe sobre el desempeño del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales en la ejecución de las políticas públicas que se ejecuten en el marco del Acuerdo Final de paz suscrito con las FARC. 
Finalmente, Maya Villazón hizo referencia a un estudio de Fedesarrollo que calcula en 208 mil millones de pesos el costo preliminar del acuerdo de paz de La Habana, revelando un alto impacto fiscal para los puntos relacionados con la Reforma Rural Integral y la política de víctimas. Hay más. 

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